Padre de joven del Lamborghini intentó que ella no lo incriminara

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Inspección a Jenny Ambuila en Miami fue clave en el proceso.

Antes de ser capturado en Cali el 29 de marzo, Ómar Ambuila, el funcionario de la Dian de Buenaventura detenido por hacer parte de una red de corrupción señalada de facilitar el ingreso de cargamentos de contrabando al país, había intentado controlar la ostentación que su hija Jenny Lizeth Ambuila Chará hacía en las redes sociales de la lujosa vida que llevaba y que ponía en evidencia la gran cantidad de dinero que movían los integrantes de la familia.

“Tengo un problema serio con eso de Jenny (…). Le estoy diciendo hace rato que cancele eso o lo ponga privado, ese Instagram y ese Facebook, todo eso (…). Cuántos problemas no he tenido por eso. ¡A la gente qué le interesa lo que hace ella!”, se oye decir a Ambuila en una interceptación telefónica.

En las redes sociales, su hija presumía de sus viajes y entre los lujos exhibía la compra de un Lamborghini y una camioneta Porsche que costaron 1.100 millones de pesos.

En otra grabación, Ambuila dice a su esposa, Elba Chará: “Acabo de entrar a ese Facebook y lo primero que aparece es ese carro. No, de ahora en adelante ella verá; yo no le voy a ayudar para nada”.

Dentro de los audios obtenidos en interceptaciones telefónicas hay uno en el que la esposa de Ambuila le dice a su hija Jenny Lizeth: “Usted sabe que la gente es envidiosa, borre eso para que no metan a su papá en ese cuento”.

Estas son solo algunas de las grabaciones realizadas por la Fiscalía en la investigación que llevó a la captura de cinco personas señaladas de hacer parte de la red de corrupción al servicio de poderosas redes de contrabandistas y que estaría integrada por funcionarios de la Dian, particulares y agentes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

La primera fase de la investigación tiene con medida de aseguramiento a Ómar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura; a su esposa Elba, su hija Jenny Lizeth, el también funcionario de la Dian Emilson Moreno Granja y el particular Gustavo Adolfo Rivas Arboleda.

En otra interceptación destapada en la audiencia de imputación de cargos en Cali, Ómar advierte que ya los están investigando a pesar de ser “gente honesta y trabajadora”.

Operación en EE.UU.

El afán que tenía el capturado funcionario de la Dian de que se borrara el rastro de los lujos que llevaba su hija en Estados Unidos surgió tras una operación que realizaron agentes federales y del Departamento del Tesoro en la casa en Miami en la que vivía Jenny Lizeth, y en la que pagaba cinco mil dólares mensuales de arriendo.

La inspección se hizo con autorización de un juez de Florida luego de la alerta que dio un grupo de trabajo del CTI de la Fiscalía y de la agencia ICE de Estados Unidos sobre la existencia de una supuesta red de narcotraficantes que estaría asociada a la joven.
Los agentes realizaron la diligencia e interrogaron a Jenny Lizeth, quien, en una declaración a la que tuvo acceso EL TIEMPO, aseguró que financiaba su ritmo de gastos con los ingresos de su padre y los negocios de su madre, Elba Chará.

Las respuestas de la joven terminaron de confirmar las sospechas sobre las supuestas actividades ilegales de su padre, quien con un sueldo de menos de ocho millones de pesos mensuales no podía pagar los gastos de su hija.

La joven les dijo a los agentes que los ingresos de su familia, además del sueldo de su padre, provenían de una fábrica de helados denominada Nelatos SAS y de una distribuidora de juguetes con operación en todo el país, llamada Holyday Detalles.

Los investigadores de la Fiscalía realizaron las inspecciones de esas empresas y examinaron sus cuentas y concluyeron que la fábrica de helados, que nació en el 2016, solo reportó operaciones por 110 millones de pesos en el 2018 y que la comercializadora de juguetes en realidad era una miscelánea en la que se vendían muñecos de felpa y elementos de papelería en la ciudad de Cali.

Ninguno de los negocios sustentaba los gastos familiares, aseguró la Fiscalía durante la imputación de cargos contra los cuatro capturados en Cali.

La joven también les dijo a los agentes que sus padres habían vendido un par de predios en Colombia y que con esos giros completó la plata para la compra de los dos carros. En el país no se encontró ningún rastro de esos negocios.
En su declaración, Jenny Lizeth dijo, además, que sus padres eran “santos y juiciosos” y que habían logrado consolidar un capital tras más de 20 años de trabajo.

Inmobiliaria millonaria

Los capturados en este caso no pudieron justificar los giros que le hicieron a la joven en Estados Unidos, algunos de los cuales fueron hechos por personas que aparecían como supuestos clientes o trabajadores de la empresa Fares Inmobiliaria. Esta, según la Fiscalía, registró un incremento injustificado de 125 millones de pesos en el 2009 y de 1.156 millones de pesos en el 2016.

“Esa era una empresa fachada para justificar el dinero que entraba a la organización por los cargamentos de contrabando que dejaban pasar”, señalaron investigadores de la Fiscalía.

A nombre de Fares Inmobiliaria, la empresa en la que aparecen como socias Elba y su hija Jenny Lizeth, figuran apartamentos, lotes, oficinas y parqueaderos avaluados en más de 1.200 millones de pesos.

Entre los bienes, sobre los que ya hay medidas cautelares, está un lote ubicado en el corregimiento de Pance, al sur de la capital Vallecaucana, avaluado catastralmente en 1.594 millones de pesos. Además, una vivienda de un exclusivo sector de Cali con valor catastral de 503 millones de pesos, a donde fue enviada a cumplir la casa por cárcel la joven que con su ostentación en las redes sociales puso en evidencia las actividades ilegales de sus padres.
Así operaba la red de corrupción

Las cinco personas capturadas y a las cuales la Fiscalía les imputó los cargos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir serían solo la punta del iceberg dentro de una investigación que apunta a una organización grande compuesta por funcionarios de la Dian, integrantes de la Fuerza Pública, particulares que facilitan los movimientos del contrabando y financiadores de estos.

Ómar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura, había llegado al puerto en el 2003 y venía siendo investigado hace un año. Emilson Moreno Granja llegó en el 2008. Ahora rastrean todas sus actuaciones.

La red tenía dos modalidades de operación: dejaba pasar sin revisar contenedores que trasportaban contrabando o se prestaba para manipular la carga y el registro de esta en un documento conocido como ‘Bill of Lading’, en el que se debe detallar, entre otras cosas, qué tipo de mercancía está en el contenedor, la cantidad y el peso.

La investigación dice que la organización recibía contenedores que tenían contrabando y por los cuales había recibido un adelanto del soborno, y los llevaba a una bodega, donde sacaba la mercancía de contrabando y dejaba en los contenedores solo lo que estaba declarado legalmente. Así garantizaba que no tendrían inconvenientes si eran detenidos para revisión.

Entre tanto, la mercancía no reportada se metía en otros contenedores que eran sellados con precintos de seguridad oficiales, como si hubieran sido revisados.

La Fiscalía tiene horas de grabación en las que se mencionan varias personas que estarían vinculadas con la red y que documentarían los cobros de la plata. Por cada “cajita de 20” (contenedor) –se escucha en una de las grabaciones– “se cobra una comisión que es pagada miti y miti. Entregando allá y recibiendo, se da una parte antes y la otra después”, cuando el contenedor se entrega al importador.

En otra conversación, de personas que no han sido capturadas y por esto EL TIEMPO no menciona sus nombres, hablan de la persona con acceso a los sellos y de comprar un Rolex para un funcionario nuevo que había llegado al puerto.

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