Solo hasta el pasado miércoles, la JEP supo que su petición nunca llegó a la justicia de EE. UU.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, terminó la semana sin poder explicar por qué la carta en la cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pedía a la justicia de Estados Unidos las pruebas que tiene contra Jesús Santrich para pedirlo en extradición no había llegado a su destino hasta el viernes, aunque le reportó a la JEP que la envió el 10 de diciembre.
Borrero era la encargada de enviar esa carta y la JEP se había puesto un plazo de 40 días, contados desde el 29 de noviembre, para recibir la información de Estados Unidos y tomar una decisión sobre el exjefe guerrillero, preso desde el 9 de abril de 2018. Si Santrich cometió el delito que le atribuyen –conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos– después del primero de diciembre del 2016, su caso debe pasar a la justicia ordinaria.
El hecho es que el pasado lunes 28 se cumplieron los 40 días que se había puesto la JEP para recibir información de la justicia estadounidense, y dos días después, el miércoles 30, supo que la carta no había llegado a su destino.
En la noche de ese día, la ministra de Justicia llamó por teléfono a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y la enteró de la situación. Al día siguiente oficializó el hecho por escrito.
Al ser preguntada sobre el descuido, la ministra Borrero afirmó públicamente que había enviado la carta a través de la empresa de correo estatal 4-72 y que “lo único que no funcionó fue el servicio postal”.
Los cuestionamientos a la ministra de Justicia aumentaron tras esta explicación.
“Cuesta entender que en estos asuntos de cooperación judicial el Estado colombiano siga funcionando como en el siglo pasado”, afirma la internacionalista Sandra Borda.
Más paradójico es que esto haya ocurrido con el caso Santrich, que se ha robado la atención del país y lo ha polarizado.
Para algunos, quedó en evidencia que el Ministerio de Justicia fue negligente. En 48 días no se preocupó por la suerte de la carta que había enviado el 10 de diciembre.
Ese día, Natalia Muñoz Labajos, directora de asuntos internacionales del ministerio, hizo el trámite de envío de la carta por correo certificado a Vaughn A. Ary, director de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, apenas el miércoles 30, la ministra Borrero se enteró de que el documento estaba varado en Panamá.
“La opción de 4-72 era legal, pero hubo negligencia del ministerio al no seguir la guía del envío. Y por tratarse de la extradición de una persona que dejó las armas, una mejor opción era enviar la carta por valija diplomática”, anota Enrique Prieto, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario.
Precisamente, por el caso del ‘Petrovideo’, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a la justicia de Estados Unidos para obtener testimonio del ‘Loco Barrera’, e hizo el trámite a través de la embajada estadounidense.
El 21 de enero, una semana antes de que se venciera el plazo de 40 días para recibir las pruebas pedidas a Estados Unidos, la JEP le preguntó al Ministerio de Justicia de Colombia cómo iba el trámite.
A través de la directora de asuntos internacionales, esa cartera contestó, dos días después: “Hasta la fecha, las autoridades norteamericanas no se han pronunciado al respecto”, sin mencionar que la carta no había llegado a su destino.
Para la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, instancia de la JEP que lleva el caso de Santrich, la información de Estados Unidos es clave para decidir si el exguerrillero no debe ser extraditado o si remite su caso a la Corte Suprema para que sea esa instancia la que defina su extradición.
Esto último se daría si se prueba que la conducta por la que es acusado Santrich fue cometida luego del primero de diciembre del 2016, fecha en que entró en vigencia el acuerdo de paz, y por lo tanto su caso quedaría fuera de la JEP.
La sección de Revisión, encabezada por el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, decidió estudiar si extiende el plazo para que Estados Unidos responda la petición –a lo que se opusieron el abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, y el partido Farc– o si continúa con el trámite, como lo había definido el lunes, tras vencerse el plazo.
Si la JEP decide continuar con el trámite, contará solo con el ‘indictment’ (la acusación) y dos declaraciones juradas contra Santrich, pero no con las evidencias mencionadas en una de esas declaraciones y que fueron solicitadas.
A pesar de la polémica, la ministra Borrero afirma que no se iba a pronunciar más sobre el tema hasta que tuviera explicaciones claras de la compañía de correo 4-72. Esta, mientras tanto, dijo que solo le responderá al Ministerio de Justicia, y no a los medios, para no infringir la inviolabilidad de la correspondencia.
El procurador Fernando Carrillo anunció que abrirá una investigación a la empresa oficial de mensajería.
La hoja de ruta de la petición a EE. UU.
23 de octubre
La JEP le solicitó al Gobierno de EE. UU. colaboración para obtener las pruebas que le ayudaran a definir la situación de Santrich y se puso 40 días para recibirlas.
15 noviembre
Queda en firme esa solicitud a EE. UU., que había sido impugnada por la Procuraduría y la defensa del exguerrillero.
26 de noviembre
La JEP remite al Ministerio de Relaciones Exteriores la carta rogatoria a las autoridades de EE. UU. para que la tramite.
29 de noviembre
Empieza a correr el término de 40 días hábiles.
3 de diciembre
El Ministerio de Relaciones Exteriores le dice a la JEP que el Ministerio de Justicia tramitará el envío de la carta rogatoria.
21 de enero
La JEP ordena el seguimiento del trámite de la carta rogatoria.
23 de enero
El Ministerio de Justicia confirmó que el 10 de diciembre de 2018 había enviado al Departamento de Estado de EE. UU. la carta.
28 de enero
Se vencen los términos y las pruebas no llegan.
30 de enero
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, informa telefónicamente a la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, de los problemas con el envío de la carta.
31 de enero
El Ministerio de Justicia comunica formalmente los problemas con el envío de la carta y la JEP decide estudiar esa situación.
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